Competencia De Los Juzgados De Lo Mercantil Responsabilidad De Lo S Administradores: ¿Es Necesario Demandar Tambien A La Sociedad? PDF

Enrique Sanjuan Muñoz y otros La Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, introduce un apartado ter en el art. 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo las competencias atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil creados por dicha Ley Orgánica. La creación de Juzgados de lo Mercantil pretendía responder a dos necesidades específicas. En primer lugar dar respuesta a la exigencia que planteó la nueva Ley 22/2003, Concursal, que atribuye al Juez del concurso el conocimiento de materias pertenecientes a distintas disciplinas jurídicas asignadas a otros órdenes jurisdiccionales, y en segundo lugar a la complejidad de la realidad socio-económica de nuestro tiempo que hace necesaria la evolución de la justicia hacia la especialización. Tal y como establece la Ley, la denominación de estos Juzgados alude a la naturaleza predominante en las materias atribuidas a su conocimiento, de lo que destaca que ni se atribuyen en el momento inicial a los Juzgados de lo Mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las que extienden su competencia son exclusivamente mercantiles. El tema a estudiar en el presente Al Detalle se centra precisamente en la colisión entre las competencias con los Juzgados de orden propiamente civil que han sido innumerables y muchos de difícil solución y antagónicas opiniones.

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Las acciones de responsabilidad de administradores de ...

Mercantil. Concurso de Acreedores. Competencia objetiva. Si un juez del orden civil o del orden social admiten a trámite una demanda declarativa y se acredita posteriormente que el demandado ya estaba declarado en concurso, no procede declarar su incompetencia, ya sea de oficio o resolviendo una declinatoria, ni remitir los autos al Juzgado de lo Mercantil.

Prescripción de las acciones de responsabilidad de los ...

Los Juzgados de lo Social son los encargados de todas las demandas individuales contra las empresas, por cualquier motivo: despido, sanciones, reclamaciones de cantidad, romper el contrato por impagos, riesgos laborales, huelgas, problemas sindicales, acoso laboral, etc. También lo son para problemas laborales entre las sociedades laborales o cooperativas y sus socios.